Un derecho que no se conoce o no
se defiende, es un derecho que no se tiene.
Uno de
nuestros hijos se encuentra cursando el nivel secundario en un colegio privado
en la Provincia de Buenos Aires. En este último año aprobó todas las materias,
pero muchos de sus compañeros no. Algunos de estos compañeros aprobaron
materias en las evaluaciones de Diciembre y otros volverán a intentar en Febrero.
Por comentarios generales que hemos recibido, la mayoría de los exámenes
reprobados lo fueron con justicia. Sin embargo, no en todos los casos fue así.
Por tomar un
ejemplo: los padres de uno de los alumnos reprobados pidieron ver la evaluación
escrita de una de las materias y encontraron que la calificación tenía un “ajuste”
de tres puntos para abajo, de modo que un 60% de respuestas correctas, que hubiera
merecido un 6 (aprobado), se transformó en un 3 (reprobado).
Cuando
solicitaron explicación, el docente mencionó que, atento que el Régimen
Académico establece que durante el año la materia se aprueba con 7 y en los
exámenes de Diciembre se aprueba con 4, la institución decidió establecer el
“ajuste” para mantener un equilibrio con la exigencia requerida durante el año
lectivo.
Este
criterio desconoce que un examen final sobre todos los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo
necesariamente contiene mayor nivel de exigencia para el alumno que las varias
evaluaciones parciales tomadas a lo largo del año, circunstancia que el Régimen
Académico tomó en cuenta para reducir la calificación necesaria para aprobar la
materia. Al aplicar este “ajuste” a la calificación y con ello reprobar la
materia, en el caso del ejemplo la institución educativa violó el Régimen
Académico, el contrato de servicios educativos y los derechos del alumno. Pero,
¿qué podemos hacer?
